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2009 Septiembre : •Jorge Augusto Cardoso•

Sep

13

Amordazar al país

Septiembre 13, 2009 | Deje un comentario

Con la nueva ley de radiodifusión, el gobierno pretende imponer sus propios puntos de vista a la sociedad. Así procura que no haya lugar para la diversidad de pensamiento, para la promoción de nuevas y diferentes ideas para la solución de los problemas de los argentinos. Éstas sólo las reserva para él, como si tuviera en su poder no sólo la verdad sino toda la verdad.

Una enorme telaraña de regulaciones, controles y disposiciones, asfixiarán a los medios independientes que deberán pactar sumisos para lograr publicidad o renovación de permisos y licencias (Que se otorgarán, a no dudarlo, a los amigos del poder). De este modo, el control de los actos del gobierno por medio de la información pública dejará de existir. Los ciudadanos podremos conocer solamente lo que el Ejecutivo quiera que se conozca, con desprecio e indiferencia de la realidad.

Con la excusa de cambiar una ley de la dictadura, el gobierno se ha empeñado en instalar otra que, por su rigurosidad y consecuencias, harán parecer a aquella como producto de una pluralista y abierta democracia.

Sep

7

El pasado seis de septiembre se cumplieron 79 años del golpe cívico militar que derrocó a Irigoyen. Paradójicamente éste había sido el instigador de otros que obraron como fundamentos del que lo sacó de la presidencia. Veamos:

Las revoluciones de 1890 de 1893 y de 1905, si bien fracasaron en el campo táctico, triunfaron en lo ideológico, pues convencieron a una generación de militares que las revoluciones eran el medio adecuado para triunfar en las luchas cívicas, concepto que esa generación fue inculcando en subsiguientes camadas de militares. Esto fue como consecuencia de la propaganda infiltrada en las filas del ejército por Alem, Mitre, Irigoyen y Del Valle que, sembrada en el Colegio Militar allá por 1889, tuvo su primera cosecha en septiembre de ese año, con la presencia de Cadetes en el famoso mitin del jardín florida quienes, junto a estudiantes universitarios allí reunidos, conformaron la Unión Cívica de la Juventud luego devenida en “Unión Cívica Radical”
En 1905, en la proclama de la revolución de ese año (encabezada por D. Hipólito Yrigoyen), podía leerse: “el militar es un ciudadano que tiene el deber de ejercitar el supremo recurso de la protesta armada.” Los Capitanes que se sublevaron ese año en el Colegio Militar, habían sido aquellos que fueron Cadetes en el 89.
En 1923, el Presidente Hipólito Yrigoyen envió una ley al Congreso, declarando que la participación en los movimientos de 1890, 1893 y 1905,” constituían un servicio a la Nación y los militares dados de baja, debían ser reincorporados” (Ley Nº 11.268).
No es de extrañar que el General Uriburu, conjurado con Irigoyen en 1890 habiendo sublevado con el grado de Subteniente el 1 de Infantería, haya considerado válido interrumpir un proceso democrático el 06 de Septiembre de 1930 (cuarenta años después) en pos de constituir “un servicio a La Nación” (tal como lo definía el mismo Yrigoyen).–El entonces Capitán Perón participó en esa y en la siguiente revolución.
Así, “La Protesta Armada” continuó presentándose en diferentes oportunidades con el apoyo de una gran parte de la población civil y sus organizaciones políticas que, en la asonada de marzo del 76, le aportaron a la flamante conducción del proceso 502 intendencias (310 la UCR y 192 el PJ), así como embajadores y ministros.
El perdedor de todos estos episodios ha sido la República y, de los actores (civiles y militares que los protagonizaron), los únicos castigados están siendo los militares. Ellos escucharon entonces los cantos de sirena de los líderes políticos de la oposición y el clamor de un pueblo que pedía a gritos terminar con el terrorismo armado del ejército revolucionario del pueblo y montoneros.

Los militares no han sido los únicos culpables de las distintas interrupciones de los procesos democráticos. La sociedad, y en particular la sociedad política ha sido co-responsable.

No es justo achacarles sólo a ellos todos los males. No es justo presentar en el banquillo de los acusados con criterios y leyes concebidas en la paz a quienes emplearon el instrumento militar en una guerra. Las leyes de la guerra difieren a las de la paz.

No vamos a construir una mejor sociedad si lo único que estamos buscando es expiar nuestras culpas juzgando a militares. Verdaderos chivos expiatorios de una Argentina que teme asumirse en su verdadera y dolorosa dimensión: violenta, con desmemoria selectiva, revanchista, oportunista y anti-ética.

Saquemos enseñanzas del pasado. Procuremos evitar mayores males en el futuro como consecuencia de las acciones que se están tomando en el presente. Sirva como enseñanza esas decisiones que, tomadas en 1890, gravitaron negativamente en la escena política de la Argentina durante casi un siglo.

Sep

7

José Ingenieros

Septiembre 7, 2009 | Deje un comentario

Sería bueno que recordemos lo que decía José Ingenieros en 1917: “En ciertas democracias que parecen llamarse repúblicas por burla, los Congresos hormiguean de mansos protegidos de las oligarquías dominantes. Medran piaras sumisas, serviles, incondicionales, afeminadas: las mayorías miran al porquero esperando una guiñada o una seña. Si alguno se aparta está perdido; los que se rebelan están proscriptos sin apelación.” Y agregaba: “Acallase cualquier protesta dando participación en los festines; se proclaman las mejores intenciones y se practican bajezas abominables; se miente el arte; se miente la justicia; se miente el carácter. Todo se miente con la anuencia de todos; cada hombre pone precio a su complicidad, un precio razonable que oscila entre un empleo y una condecoración.”

Es realmente doloroso comprobar que, hace casi cien años, José Ingenieros describía la patética Argentina K de hoy.

Sep

2

 Se ha hablado con indulgencia de los jóvenes que en la década del 70, según ellos por ideales, colocaron bombas, sembraron el terror entre la población asesinando a mansalva a civiles, policías y militares; secuestrando personas pidiendo rescate; dispuestos a todo para lograr el poder y desde ahí imponer, vaya a saber qué nueva forma de organización política y social en la patria nuestra.

Para ellos todo fue válido: el asesinato artero por la espalda; la colocación de bombas en edificios públicos; la instalación de cazabobos en puertas, correspondencia, edificios y autos; el asalto a cuarteles y asesinato de conscriptos; el robo de aviones; el apriete a jueces, profesores y empresarios; el homicidio de inocentes, viejos, jóvenes y niños; la infiltración en familias elegidas como objetivos, enviando adolescentes para acercarse a ellas, haciéndose pasar por amigos de los hijos para luego, una vez ganada la confianza, colocar una bomba en el hogar que los recibía y cobijaba.

Nada los detuvo: ni el arribo de un electo presidente popular como Perón, ni la propuesta de éste a integrarse en el nuevo gobierno acatando el orden instituido.

Hoy el gobierno; ante la indiferencia de los otros poderes del Estado y de gran parte de la sociedad, que no hace nada para que estos tengan una condena legal y moral por los atroces hechos realizados; contiene y paga sueldos a muchos de ellos, ahora devenidos en respetables y prósperos mayores de sentir democrático miembros del parlamento o del ejecutivo.

Dicen que no son crímenes. Que no son crímenes de lesa humanidad. El adjetivo califica al sustantivo; pero no modifica su entidad; son “Crímenes”. Ninguna sociedad civilizada deja a los criminales sin sanción, y menos los cobija con honores, puestos y consideraciones. Parecería que quienes nos gobiernan están enfermos. No advierten la diferencia entre lo que está bien o de lo que está mal. No hay sanciones para aquellos a los que algunos, también comprometidos, llaman “jóvenes idealistas”.

Sí hubo otros jóvenes; que por ideales abrazaron la carrera de las armas: los que voluntariamente se sometieron a una dura escuela de carácter y formación profesional militar con el único objetivo de servir y  defender a la patria, acatando las disposiciones legales existentes en un Estado de derecho, en donde la sujeción del militar es mayor que la del civil, pues sus leyes particulares lo constriñen, lo obligan a actuar de acuerdo a reglamentos y procedimientos que en una guerra deben ser diferentes a los que se aplican en los períodos de paz.

Esos jóvenes de entonces, por orden de un gobierno constitucional que no podía, con las fuerzas de seguridad, ni con una justicia jaqueada, atemorizada y amenazada de muerte si sentenciaban, contener el avance de los terroristas montoneros y erpianos, entre otras organizaciones guerrilleras, fueron a una guerra no querida ni deseada; pero allá partieron, con decisión y coraje a defender lo que consideraron los derechos sagrados de los argentinos. Cumpliendo con su rol en la organización social del Estado, con total entrega no vacilaron en  tributar al país con la sangre propia; en sacrificar la juventud y familia para lograr la deseada  paz con la fuerza de las armas. La situación así lo requería. Estos y no aquellos, fueron los verdaderos jóvenes idealistas.

Dicen que hubo errores. Los que dicen lo que dicen no saben que no ha existido en la historia de la humanidad guerras asépticas. Por eso no pueden juzgarse con criterios de la paz, que por otra parte fue obtenida gracias a ellos, los hechos que ocurrieron en una guerra.

Hoy están siendo abandonados, vilipendiados, maltratados por ciertos sectores de la sociedad que les deben la paz que  disfrutan. Están  en cárceles comunes, la mayoría sin proceso. Se que no les duelen las privaciones. Tienen el alma herida por la ausencia de reconocimiento. Hay dolor, hay valor, hay esperanza. Esperanza de que los jueces adviertan que no son  los jueces naturales de esos hombres, pues cuando les ordenaron ir a la guerra había leyes y justicia militar para juzgar sus conductas. Hoy han sido derogadas. No pueden juzgarse hechos retroactivos sino con las leyes en vigencia de entonces.

Conozco perfectamente a esos estoicos guerreros. Siempre me sentiré en deuda con ellos. La sociedad debería solidarizarse contra este atropello.

En la actualidad, muchos de los que provocaron el caos, terroristas guerrilleros que además contribuyeron con su accionar a fundamentar el golpe de estado del 76, disfrutan de las miles que les otorga el  ejecutivo y del dinero de todos los argentinos, ante la complaciente mirada de los otros poderes del Estado.  

La patria está rota. El espíritu de lucha de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y sus familias está quebrado. Estamos indefensos. Para defenderse no sólo hacen falta  medios y entrenamiento; hace falta voluntad. Y en  la ausencia  absoluta de la autoridad y fortaleza espiritual para imponer el orden, avanza generalizada la delincuencia que se apropia, hasta por diversión, de las vidas de los argentinos. Y el gobierno en lugar de fortalecer las instituciones armadas, con reconocimientos materiales y simbólicos, para que nos brinden protección, nos da fútbol; nos da circo, pero no pan.

Sep

2

Revancha

Septiembre 2, 2009 | Deje un comentario

 La lectura de la presente nota tal vez arranque una mueca de escepticismo en aquellos que se encuentran convencidos de que, dada la descomposición general de la justicia, hoy muy influida y condicionada por la injerencia del poder político, nada podrá hacerse para que lo injusto cambie por lo justo.

No obstante ello, abrigo la esperanza de intentar al menos demostrar que se ha avasallado la ley con el sólo propósito de revancha, afectando a cientos de miembros de las Fuerzas Armadas (FFAA) y de Seguridad (FFSS) que contribuyeron con su esfuerzo, decisión y coraje a terminar con el terrorismo subversivo que pretendió apoderarse del país para destruir los valores de nuestra sociedad y sistema democrático de vida, en la dolorosa guerra librada en los setenta.

Profeso un profundo respeto por el valor de la justicia en el sistema republicano de gobierno, tanto más por los jueces que tienen la loable misión de preservar a los ciudadanos del avance de los otros poderes del Estado cuando estos vulneran sus derechos, y cuando deben dirimir las diferencias entre ellos, dando a cada cual lo suyo sin dañar a nadie.

Considero en consecuencia, que las faltas graves de los jueces contra la Constitución, (que promete entre otras, “afianzar la justicia”) y las leyes que han jurado aplicar fielmente, son algo más que un delito común; son una verdadera traición a la confianza que les fuera depositada y a la patria misma, con mayor gravedad cuando se doblega sumiso ante uno de los poderes del Estado para satisfacer una demanda contraria al derecho establecido, perjudicando, dañando a quienes tiene el deber irrenunciable de tutelar y proteger.

Pienso que así ha ocurrido y está ocurriendo con miembros de las FFAA y FFSS que vencieron en una guerra no buscada a los delincuentes armados terroristas montoneros y erpianos, entre otras organizaciones guerrilleras, en la mencionada década.

En el ochenta y tres comienza a juzgarse a los miembros de las Juntas Militares por hechos que ocurrieron en los setenta. Para ello se vulneró la Constitución al someterlos a juicio fuera de los jueces naturales que esta establecía.

El artículo 18 dice:

“Ningún habitante de la Nación Argentina puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”.

Hoy, muchos integrantes de las FFAA, la mayoría ya en situación de retiro, se encuentran bajo la jurisdicción de jueces federales por una disposición posterior a los hechos ocurridos en la década mencionada. En ese período, estaba vigente la ley 14.029 que aprobó el Código de Justicia Militar y los correspondientes tribunales militares a los que estaban sometidos todos los miembros de las FFAA.

La garantía de los jueces naturales significa la existencia de órganos judiciales preestablecidos en forma permanente por la ley. El juez natural es el juez legal, o sea el órgano creado por la ley conforme a la competencia que la Constitución le asigna.

Por lo expuesto, es posible afirmar que los miembros de las FFAA que se encuentran injustamente privados de su libertad, deberían haber sido sometidos a la jurisdicción militar, recibiendo sentencias de sus jueces naturales y no por tribunales ordinarios. Además, va de suyo que no es posible juzgar con criterios de paz los hechos que acontecieron en una guerra.

Si los jueces en los ochenta conculcaron la ley, maliciosamente, o por ignorancia inexcusable, o para satisfacer al poder político, juzgando contra derecho a sabiendas, habrían cometido prevaricato; así se encuentra definido en los diccionarios. Ese crimen no puede ocurrir en un pueblo civilizado, sujeto a derecho, que da poder a los funcionarios para que les garanticen el cumplimiento de la ley, no para que la violen, pues su función, su autoridad que emana de la ley, no puede ejercerse contra los preceptos de esta.

No vamos a construir una mejor sociedad si lo único que estamos buscando es expiar las culpas de toda la sociedad juzgando,(apartándose de la Constitución), a los militares; verdaderos chivos expiatorios de una Argentina que teme asumirse en su verdadera y dolorosa dimensión: violenta, con desmemoria selectiva, revanchista, oportunista y anti-ética, como lo demuestra el actual gobierno, que exhibe entre sus miembros guerrilleros terroristas que en el pasado atentaron contra el orden democrático establecido, asesinando, secuestrando y cometiendo toda clase de fechorías. Hoy algunos de ellos reciben además honores por sus rangos. Y mientras ello ocurre, se ensaña contra los militares que otrora los combatieron.

No hay “libres de pecado”. Ningún sector de la sociedad está exento de culpas. Hagamos un esfuerzo de tolerancia. Iniciemos el camino de la paz y la concordia entre argentinos. Terminemos con los juicios persecutorios e injustos que no incluyen a todos los actores de esa guerra. Construyamos el futuro de grandeza que soñaron nuestros próceres y que nuestros descendientes merecen.

Para ello sólo haría falta que los jueces intervinientes, con coraje cívico, se excusen de proseguir en las causas contra militares por que, a la luz de lo expuesto, no son sus jueces naturales. No pueden juzgar hechos que ocurrieron en los setenta cuando mantenía vigencia plena la ley 14.029 y su correlato directo, los tribunales militares para juzgar a los hombres de armas.

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